El verdadero dolor de cabeza para AMLO, más que los dos videos en el que su hermano Pío recibe dinero del ex,coordinador nacional de Protección Civil, David León el 31 de mayo y el 26 de julio de 2015, respectivamente; es el video revelado el lunes pasado por EL UNIVERSAL (https://bit.ly/32lcVmm), en el que se documenta que un herido fue rematado por orden militar expresa tras el enfrentamiento ocurrido en Nuevo Laredo el pasado 3 de julio con un grupo armado presuntamente parte del Cártel del Noreste.
Los videos de Pío confirmarían la comisión de un delito electoral, si como en ellos se escucha, son donaciones en efectivo a Morena en un año electoral en el que ya era partido político, sin que hayan sido declaradas al INE hasta donde se sabe. Pero el video de Nuevo Laredo, que abre la puerta a la eventual confirmación de que entre los muertos había tres civiles secuestrados —según documentó este diario once días después de lo ocurrido—, desmonta la versión oficial de la Sedena de que fueron doce los sicarios abatidos en el enfrentamiento, y podría sustentar una posible simulación que a la larga se convertiría en el Ayotzinapa, el Tlatlaya o el Palmarito de la 4T.
Aunque son un delito las aportaciones no declaradas de particulares a partidos y, otro más grave el que provengan de gobiernos como al parecer —si pensamos con malicia para acertar— vinieron del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco por su relación con León, estas ilegalidades no resisten la comparación con las que se habrían cometido con los sobornos, compra de votos y contratos leoninos con que se saqueó al país, según la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como tampoco resisten la comparación de las reacciones: 1. En el caso Pío, el pedido del presidente a su hermano de que notifique a la autoridad de lo ocurrido, su reiteración de que no tolerará actos de corrupción de nadie, ni de su familia, su disposición a declarar si se le cita y su instrucción a David León de que acuda cuanto antes a la FGR; y 2. En el caso Lozoya, las inmediatas declaraciones de inocencia de los señalados ante lo que consideraron, falsedades de un delincuente confeso.
Iguala (donde 43 normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos por criminales con la presunta complicad de militares), Tlatlaya (donde 22 civiles habrían sido ejecutados por militares) y Palmarito (donde un soldado le pega el tiro de gracia a un presunto sicario sometido), fueron graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de una estrategia de guerra y por un Ejército que no estaba legalmente facultado para esos fines, severamente criticadas por AMLO en sus facetas de activista, candidato presidencial y presidente electo, a grado tal que una de sus promesas de gobierno fue el regreso inmediato de los soldados a sus cuarteles. Pero ya presidente, con reformas legales que permiten a la fuerza armada participar en tareas de seguridad pública, dio un golpe de timón para mantener a los militares en las calles para pacificar al país, pero con irrestricto respeto a los derechos humanos por delante, lo que lo ocurrido en Nuevo Laredo pone gravemente en entredicho.
Si se sigue el curso de la legalidad, el caso de Pío deberá ameritar un castigo, por lo menos la aplicación de una multa millonaria a Morena por irregularidades en sus ingresos y gastos. Pero en el caso de Nuevo Laredo estaríamos frente a una delicada investigación de largo aliento. El propio Presidente dijo ayer en la mañanera que no permitirá esas prácticas del pasado en que la consigna era rematar a los heridos en los enfrentamientos, abrió las puertas a la ONU para indagar este y otros casos, y ordenó al general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, una investigación a fondo. Ésta deberá empezar con el coronel Raúl Olguín, comandante de la guarnición militar de Nuevo Laredo, pero podría alcanzar niveles más altos como el jefe de la Octava Zona Militar con sede en Reynosa, el general de brigada Carlos César Gómez López y al jefe de la Cuarta Región Militar, con sede en Monterrey, el general de división Hens Pedro Lohman. Y siendo el video un material grabado por las cámaras que obligatoriamente deben utilizar los soldados en operaciones urbanas caben estas preguntas: ¿No se siguió la línea de mando para notificar de inmediato al general secretario de la Defensa?, ¿éste último no le informó al Presidente? o ¿ya lo sabían y nada dijeron AMLO y el general Sandoval?
Con los dos casos aquí intercalados, veremos la dimensión del compromiso presidencial de combatir la corrupción y la impunidad, aunque tenga que romper con aquel apotegma de su admirado Juárez: “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas”.
Instantáneas:
1. HUACHICOL. La denuncia presentada por Emilio Lozoya podría abrirle a la FGR otra línea de investigación, la del robo de combustible y la presunta complicidad que tuvo en ella el hoy fugado general Eduardo León Trawitz, quien fungiera durante el gobierno de su amigo Enrique Peña Nieto como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos. Lozoya se refiere al tema como un asunto de trascendencia nacional, “un problema brutal vinculado al crimen organizado”. Informa que para enfrentarlo se decidió invertir en tecnología y equipamiento especializado (lanchas artilladas no tripuladas, aviones con radares, helicópteros y vehículos todo terreno), con el que —asegura— las cifras del huachicol disminuyeron sensiblemente en 2015 y el primer trimestre de 2016. Pero denuncia dos cosas: que León Tarwitz no dependía de él pues estaba fuertemente coordinado con las áreas de seguridad del gobierno de Peña Nieto y que sus sucesores (no los menciona, pero son José Antonio González Anaya y Carlos Treviño) suspendieron el programa por considerarlo un gasto innecesario. El resultado: el robo de combustible aumentó más de 150 por ciento, “con pérdidas monumentales para las finanzas de la Nación, durante los últimos tres años del gobierno de Peña”. Fuentes de la FGR aseguran que ya tienen localizado en el extranjero al general León Trawitz.
2. DOMINÓ. Pareciera que vía este entretenimiento, un distinguido priista se acerca al gobierno de la 4T. Se trata del excandidato presidencial tricolor, Francisco Labastida Ochoa. ¿De quién será la casa de un alto mando de la 4T a la que cada jueves acude a jugar dominó? Otro asiduo está también en la primera línea del gobierno en turno. ¿Acaso será Esteban Moctezuma? No sería descabellado pensarlo. El hoy secretario de educación fue secretario particular de Labastida en la Secretaría de Energía, Minas e Industrial Paraestatal y uno de los coordinadores de su campaña presidencial que terminó en derrota. Un par de preguntas que ojalá alguien me pudiera responder.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
source https://sanluis.eluniversal.com.mx/content/el-video-que-realmente-preocupa-amlo
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